Tras la presión de la jueza del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos de Maryland, Paula Xinis quién aseguró que ordenaría declaraciones juradas de funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump, para verificar si cumplieron con sus órdenes de facilitar el regreso de Kilmar Ábrego García, deportado por error a la prisión de alta seguridad de El Salvador, continúan las muestras de incoherencia de la gestión de la Casa Blanca en torno al tema.

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Este jueves, el vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, negó la autorización para visitar o hablar con Ábrego García al senador estadounidense Chris Van Hollen.

«Pedí ver a Ábrego García, (el vicepresidente) me dijo que no podía hacer que eso pasara, que necesitaba más tiempo, le pregunté «¿si vuelvo la semana que viene puedo verlo?, dijo que tampoco podía prometer eso», indicó el alto funcionario estadounidense a la prensa.

Añadido a ello, el senador demócrata subrayó que le preguntó al vicemandatario si «podía hablar con el señor Ábrego García por videollamada o teléfono, para preguntarle cómo está, e informarle a su familia, dijo que no podía arreglar eso, que capaz que si la embajada de EE.UU. lo pedía, podía hacerlo», dijo el senador demócrata.

El intento de visita ocurre en medio de un contexto de presión contra Washington, pues la gestión trumpista decidió injustamente enviar al salvadoreño al Centro de Confinamiento de Terrorismo (CECOT) y ahora ni la parte estadounidense ni la salvadoreña pretenden liberarlo para que regrese con sus familiares.

El propio legislador subrayó que la Corte Suprema de Justicia de EE.UU. admitió que «no existe ninguna evidencia sobre que Ábrego García sea miembro de la MS-13″, añadiendo que «el tribunal ordenó al Gobierno de Donald Trump a que arreglara el regreso del hombre al estado de Maryland, donde residía con su familia».

«Así que la pregunta que le hice esta mañana al vicepresidente Ulloa es que si El Salvador tiene pruebas de que el señor Ábrego García es miembro de la MS-13. El Gobierno de El Salvador no tiene evidencia«, dijo.

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Kilmar Ábrego emigró de El Salvador a los Estados Unidos cuando tenía 16 años, esto como medida de escape por las amenazas de las pandillas a su familia.

Luego de 13 años de residir en suelo estadounidense, el salvadoreño fue detenido en Maryland por acusaciones de pertenecer a la pandilla MS-13, difamación que niegan tanto él como su abogado, todo ello, a pesar de haber recibido en 2019 una protección legal para evitar su deportación.

Ahora se encuentra encarcelado en la megacárcel de El Salvador, muestra de las políticas antiinmigratorias de Donald Trump y su alianza con el presidente salvadoreño Nayib Bukele.

En entrevista exclusiva para teleSUR, Jennifer Vásquez, esposa de Ábrego García describe lo difícil que ha sido para ella y sus hijos no tener información sobre el estado de su familiar.

La familiar del detenido le pidió a los mandatarios Trump y Bukele «que se pongan la mano en el corazón, como esposos, como padres y como hijos, para que sientan el dolor que uno siente al no saber de mi esposo; mis hijos al no saber de su papá; su mamá al no saber de su hijo».

Vásquez aclaró que continuará la lucha a favor de la devolución de su esposo y de todas las personas que se encuentran en similar condición, como consecuencia de la política migratoria de Trump, desde que iniciara su segundo mandato presidencial. En tanto, agradeció a teleSUR por el apoyo para visibilizar su historia en nombre de todos los familiares afectados.

Las tres juezas encargadas del caso criticaron a Trump por sugerir que podría dejar a Ábrego García en la prisión salvadoreña sin alguna razón reconocida por la ley.

El abogado de inmigración Abel Arcia, denunció que el sistema de deportaciones de Trump representa una violación a los derechos humanos. Asimismo, calificó de falsa la excusa del Ejecutivo de que no puede traerlo de vuelta.

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